Jubilados de Endesa pagarán el recibo de la luz
La Audiencia Nacional emite una sentencia que deja sin privilegios a los pensionistas de la eléctrica (unos mil en Canarias), como la factura, el seguro médico y los estudios de los hijos
Jubilados de Endesa tendrán que pagar el recibo de la luz.
La medida afecta a unas 24.000 personas (unos mil en Canarias) y tendrá un ahorro para el grupo italiano Enel cifrado en 500 millones de euros al año.
La Audiencia Nacional emite una sentencia que deja sin privilegios a los pensionistas de la eléctrica, como la factura, el seguro médico y los estudios de los hijos.
Enel, coparticipada en un 25% por el Ministerio de Economía del Estado italiano es dueña de Endesa, y en 2018 denunció el convenio colectivo de la compañía en España.
Desde el 1 de enero de 2019, Enel ya puede cobrar el recibo de la luz a sus antiguos trabajadores, una decisión que ha molestado a los sindicatos que recurrirán el fallo judicial.
La Audiencia Nacional dictó una sentencia que deja al personal pasivo de Endesa sin beneficios sociales.
El fallo puede extenderse al resto de las energéticas y, sobre todo, a bancos y aseguradoras.
Enel-Endesa presentó un conflicto laboral que le enfrenta a CCOO, UGT-FICA y CIG, una vez rotas las negociaciones del nuevo convenio colectivo en diciembre de 2018 tras meses de reuniones.
La Audiencia Nacional estima que “las disposiciones de un determinado convenio colectivo que establecen cualquier tipo de beneficio, o derecho en favor de personas que no son titulares de contrato de trabajo en vigor al que resultase de aplicación el Convenio expirado, como sucede en el caso de los denominados pasivos y viudas/os y huérfanos de activos y pasivos, dejan de generar cualquier tipo de derecho o beneficio una vez concluye la vigencia ultraactiva del mismo, sin que sean susceptibles de ser contractualizadas pues no existe un contrato previo al que hayan dotado de contenido“.
El personal pasivo sólo recuperará derechos sociales si así se acuerda en el próximo convenio con efectos futuros, no retroactivos. El personal pasivo ascienda a 24.000, más que el activo. Los sindicatos estimaron que el coste total de los beneficios sociales asciende a 900 millones, con lo que el que afecta a los pasivos puede rondar los 500 millones.
A la espera de que los sindicatos recurran esta sentencia, la empresa se enfrenta el próximo día 12 a una Junta general de accionistas. Los sindicatos llevan semanas convocando huelgas y concentraciones.
