Ingesa adjudicó 538 millones en contratos de emergencia de Covid
El Tribunal de Cuentas asegura que la aplicación de los contratos resultó ajustada a Derecho
La gestión de la pandemia del Gobierno central acusa críticas desde el punto político, al trasladar a las regiones el peso de la responsabilidad de combatir la crisis sanitaria. Ahora, el Tribunal de Cuentas ha mostrado ahora que también hubo percances en la gestión de los contratos otorgados para la compra de material sanitario.
El tribunal ha detectado incidencias en el 22,4% de los contratos adjudicados por el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) del Ministerio de Sanidad en 2020, durante la etapa de Salvador Illa. El último informe aprobado por el Tribunal de Cuentas examina expedientes de contratos de emergencia realizados durante la pandemia que suman 551 millones de euros. De esa cifra, 538 millones fueron adjudicados por Ingesa.
Si bien el tribunal asegura que la aplicación de la tramitación de emergencia de esos contratos resultó ajustada a Derecho, subraya que en esos expedientes no se dejó constancia documental de cuáles fueron los criterios de adjudicación, aunque señala que esos detalles se aportaron después.
Respecto a las incidencias, dos expedientes revelan que se produjeron modificaciones no previstas en los contratos. De un lado, el suministro de otro modelo de mascarilla pero con el mismo precio y características, y de otro, el suministro de un tipo diferente de test-Covid igualmente efectivo, pero más caro. En cinco contratos se produjeron retrasos en los plazos de entrega del material, y en cuatro se decidió la resolución anticipada por incumplimiento del contrato imputable al contratista. Esa decisión dio lugar a reclamaciones por parte de Sanidad para recuperar los fondos anticipados, los intereses devengados y, en su caso, daños y perjuicios producidos.
Para el Tribunal de Cuentas, estas incidencias “podrían ser indicativas de una insuficiente verificación por parte del Ingesa sobre la capacidad de producción y de suministro y, en definitiva, de la solvencia técnica de algunas de las empresas adjudicatarias” en el inicio de la pandemia. No obstante, justifica que las adquisiciones “fueron realizadas en una situación de emergencia excepcional y en el contexto de desabastecimiento global”.
De los 538 millones adjudicados por Ingesa, más de 246 millones se destinaron a la compra de mascarillas, guantes de nitrilo y gel hidroalcohólico, aunque el grueso de la partida (el 91,6%) se dedicó a mascarillas. El precio medio pagado por cada mascarilla FPP2 en marzo de 2020 fue de 2,62 euros, importe que en abril fue 1,40 euros. Sin embargo, aparece un contrato de 500 mascarillas en abril en el que por cada unidad se pagaron 4,17 euros. En las mascarillas FFP3, el precio medio unitario fue de 4,31 euros. Resalta el contrato adjudicado a un proveedor, el 8 de abril de 2020, tanto por el número de unidades (2,5 millones), como por el precio, que fue el más elevado del ejercicio: 4,68 euros por unidad.
El informe se conoce después de que el pasado mes de abril compareciera como investigado en un juzgado de instrucción de Madrid el director del Ingesa, Alfonso María Jiménez, y otros dos altos cargos, tras una querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia Covid.
