Incendios en el Puerto. ¿Pueden prevenirse? ¿Quién inspecciona?
La mayor parte de los procedimientos sancionadores por siniestros se ocultan a la opinión pública pese a que algunos casos se encuentran bajo disposición judicial
Incendios en el Puerto se han convertido en los últimos años en una recurrente noticia de sucesos.
La incidencia es similar a la de los 7 puertos más importantes de España, entre los que se encuentra Las Palmas por volumen de carga, avituallamiento y escalas.
Según fuentes portuarias consultadas por Espiral21, la única variable diferente respecto a otros puertos es el factor “buques abandonados“, un fenómeno que ha afectado durante más de 20 años a Las Palmas por ser destino de las acciones de aprehensión de droga en alta mar o por la fuga de los armadores que dejan a las embarcaciones (y su plantilla) arrimadas a su suerte.
En el último año, la Autoridad Portuaria y la empresa Logiscrap han firmado un acuerdo mediante el que se ha reciclado la gran mayoría (más de 30) de barcos abandonados.
Aunque el barco incendiado este domingo no entra en esa categoría de orfandad, sí es cierto que los riesgos son proporcionales a la declaración de carga que emita el armador y, sobre todo, al cumplimiento de lo protocolos de prevención de riesgos.
En este sentido, las labores de inspección de los barcos atracados en los puertos “forman parte de una nebulosa administrativa“.
Aunque corresponde a la Autoridad Portuaria y a Capitanía Marítima garantizar la seguridad al tratarse de operaciones sobre suelo de dominio portuario, la inspección responde a varios entes “en una cultura como la portuaria que suele actuar a posteriori, una vez que se destapa el suceso“.
Este domingo, el buque ruso Fin Whale ardió en el muelle de Sanapú, de Las Palmas, con 1.500 toneladas de cartón en sus bodegas.
Al tratarse de un festivo en pleno de mes agosto, los dispositivos de inspección son auxiliares y, a la hora de redactar esta información, se desconoce qué tipo de sanciones sufrirá el armador y la naviera por presunta negligencia y riesgos para la seguridad del Puerto.
Desde la Autoridad Portuaria se esperará a que culmine la investigación para emitir una valoración de los hechos. Previsiblemente, se trata de un accidente.
La principal incógnita para el expediente sancionador del Puerto es comprobar si la declaración de carga del buque atestiguaba lo almacenado en la bodega y si, en consecuencia, el barco cumplía con la normativa de seguridad marítima de las leyes europea y española.
En este sentido, las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles notaron en 2015 las consecuencias de los cambios de legislación al darse entrada a la Directiva 2013/38/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la cual se modifica una anterior de 2009.
Uno de los primeros cambios que sobresalió en la nueva normativa es la figura de un inspector, el cual notifica las deficiencias un plazo para subsanarlas.
Este inspector también puede iniciar una investigación por la denuncia de un miembro de la tripulación. Si no se solucionara en el buque extranjero atracado en un puerto español, pasaría a juzgarlo el Estado de Abanderamiento o, incluso, el director general de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ya que como el caso del Fin Whale, la vida de los tripulantes pudo estar en peligro.
Otro punto a tener en cuenta es que la nueva ley permite a la Capitanía Marítima inmovilizar el buque extranjero cuando se haya comprobado que no se cumplen unas condiciones mínimas de protección, salud y seguridad. Esta orden se puede revocar con la solución de estos problemas o cuando el capitán acepte un plan de rectificación.
También está previsto aumentar el control relacionado con distintos documentos que deben poseer los buques extranjeros atracados en España: pólizas de seguro, garantías financieras de responsabilidad civil por daños causados por la contaminación por hidrocarburos, certificados médicos, registros de horas de descanso y trabajo y declaraciones de conformidad laboral.
En la mayoría de los siniestros acaecidos en el Puerto, como los hundimientos de barcos con combustible, la transparencia sobre los procedimientos sancionadoras brilla por su ausencia, incluso los que se tramitan bajo disposición judicial.
