Hacienda cerca a la empresa que defraudó con las mascarillas
Blas Trujillo anuncia en sede parlamentaria que la Agencia Tributaria, a instancias del Ejecutivo, ha procedido contra la empresa vendedora con embargos de cuentas, créditos, bienes, además de activar un procedimiento de responsabilidad solidaria
Hacienda canaria cerca a la empresa que presuntamente defraudó al Gobierno regional en la compra-venta de mascarillas y material de protección Covid, por un valor estimado en 4 millones de euros.
Según declaró en sede parlamentaria el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, el Gobierno ha activado varios procedimientos ante la Justicia y la Agencia Tributaria, que han dado lugar a embargos de cuentas, créditos y bienes muebles e inmuebles sobre la empresa suministradores, RR7.
Asimismo, los servicios jurídicos de la Administración, que están personados en la causa penal que se sigue contra la sociedad vendedora, han activado un proceso de responsabilidad solidaria con el fin de garantizar los fondos que pudieron defraudarse al erario.
A la pregunta formulada por la diputada del grupo mixto, Vidina Espino (ex Ciudadanos), sobre las cuantías reintegradas, el consejero llamó a la cautela jurídica y tributaria al tratarse de informaciones reservadas mientras dure la investigación.
Espino calificó de “vaga” la respuesta de Trujillo y reiteró la concreción de los datos disponibles. De nuevo, el consejero se limitó a explicar la necesidad de que la Agencia Tributaria culmine su fiscalización con el objetivo de no generar riesgo de indefensión en las personas investigadas por la Justicia.
Por otro lado, Blas Trujillo descartó la existencia de “escándalos” o “irregularidades” en el almacenamiento de 3 millones de mascarillas en algunos centros hospitalarios que, según Vidina Espino, tendría un coste público cercano a los 14 millones de euros.
El titular de Sanidad rebajó el tono de las “controversias” generadas en días previos, y argumentó que los servicios de prevención del Gobierno y del propio organismo homologador del Ministerio de Trabajo, han detallado la legitimidad y uso del material. “Incluso algunos hospitales canarios han ofrecido distintas versiones”.
Según Vidina Espino, existe la duda de si los 3 millones de mascarillas han sido objeto de falsificaciones. Trujillo indicó que los Estados miembros de la UE, y por extensión las comunidades autónomas, siguen “una normativa e instrucción a nivel comunitario”, con lo cual, señaló, “y con base a lo emitido por el Tribunal de Cuentas”, que da cobertura a las compras de las regiones durante la pandemia, “no hay escándalos ni irregularidades” sobre lo acumulado en los hospitales de referencia sobre de material de protección sanitaria.
“Sorprende, si acaso”, subrayó Trujillo, “una referencia que aparece en las conclusiones del proyecto de informe de la Audiencia de Cuentas, al que puede acceder cualquier persona”.
