Guerra portuaria, no gracias

Sobre el Puerto de La Luz pivota el 3% del PIB canario, un volumen de dinero lo suficientemente elevado (unos 1.800 millones de euros) como para ser tomado en serio

La guerra de celos abierta en el seno de la Autoridad Portuaria de Las Palmas compromete la futura planificación de empresas y operadores.

Sobre el Puerto de La Luz pivota el 3% del PIB canario, un volumen de dinero lo suficientemente elevado (unos 1.800 millones de euros) como para ser tomado en serio.

La puerta de entrada y salida de bienes y servicios del Archipiélago lleva 14 años sometida a los vaivenes de la política isleña. Y ya es hora de poner fin a tanta desdicha.

Desde la polémica de Luis Hernández para incrementar la plantilla de portuarios a La Gran Marina que se tragó a José Manuel Arnaiz, los sucesivos presidentes no han parado de ganar adeptos y detractores.

Nadie dijo que el segundo parlamento de Canarias (como se denomina al Puerto) fuera fácil de bregar.

Que se lo digan a Emilio Mayoral y Javier Sánchez Simón con Sestiba o, ahora, a Luis Ibarra, con una rebelión en toda regla de un grupo de jefes de servicios que aprovechan, la minoría de gobierno en Madrid y Canarias, para meter presión y, quién sabe, si forzar la caída de un presidente.

De cristaliza esta última opción, estaríamos ante un episodio grave que el consejo de administración no puede pasar por alto.

El consejo está compuesto por miembros del Estado, el Gobierno autónomo, ayuntamientos, cabildos, empresarios y sindicatos.

Si permiten que los técnicos impongan su criterio argumentando riesgos jurídicos (posibles prevaricaciones) cuando no han sido oídos ni los abogados del Estado (presentes en el consejo), para provocar la sustitución del presidente, se abriría un delicado precedente.

La onda expansiva pondría en alerta a las empresas dispuestas a confiar en el Puerto de Las Palmas. Ya nada sería igual y las decisiones en materia portuaria (que deben cumplir la Ley por encima de cualquier premisa) carecerían, eso sí, de un dinamismo competitivo en beneficio de puertos alternativos, como Tenerife.

Ojalá el Puerto no caiga en una red similar a la que asola al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, santo y seña del turismo de Gran Canaria pero sufridor de una pelea política a rabiar que tiene congelada la expansión alojativa y mantiene congelados 275 millones de euros por culpa de una querella de Nueva Canarias.