Gali le corta la digestión a la diplomacia española
La ex ministra González Laya y su número 2 se mantienen imputados por la entrada ilegal del líder del Polisario
Gali le corta digestión a la diplomacia española, y es que el Gobierno es incapaz de cerrar la investigación penal por el caso del presidente de la RASD y líder del Frente Polisario tras su entrada presuntamente ilegal para ser tratado de un cáncer en Logroño.
El magistrado que investiga delito de falsedad documental y prevaricación con la entrada tumbó la petición de la Abogacía General del Estado de archivar la causa.
¿La razón del auto? Los letrados de la Administración han malinterpretado el Código de Fronteras Schengen, ya que Exteriores pudo infligir una “vulneración total de sus preceptos“.
Los servicios jurídicos del Gobierno, que representan a la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y a su ex número 2, Camilo Villarino, defienden que Ghali posee DNI español y que la Ley les permite librarle de pasar por el control de aduana, tal y como recoge el artículo 5.2 del Reglamento. Sin embargo, el magistrado Rafael Lasala asegura que el principal argumento del Ejecutivo (que también esgrimió Laya en su interrogatorio del 4 de octubre) hace un uso “parcial e interesado” del Código.
El Juzgado de Instrucción número 7 aclara que cualquier Estado miembro del Espacio Schengen puede permitir el cruce de personas fuera del espacio fronterizo siempre y cuando “cuente con las autorizaciones requeridas por el Derecho interno” ya que el código precisa que no debe haber “conflicto con intereses de orden público o seguridad”. También afea al Ejecutivo que se amparase en razones humanitarias para facilitar su ingreso en España obviando que tenían que haber informado de esta maniobra al resto de Estados miembro.
Laya y Villarino siguen, de momento, imputados en la causa de Gali.