Fracaso eólico: nuevo atasco 9 años después
Por J.S. Mujica
El desarrollo del negocio eólico en Canarias está al borde del colapso. En cinco meses se cierra el cupo exigido por el Estado para beneficiarse de las ayudas públicas. Las empresas que se queden fuera dejan de ser rentables.
El 70% de la potencia asignada hace nueve años corre el riesgo de perderse en el camino como consecuencia de los desacuerdos entre inversores y la Administración.
Las discrepancias entre las empresas y los gobiernos central y canario duran años, pero ahora “estamos ante la última oportunidad”, exclama con desazón uno de los inversores afectados por el procedimiento.
Las empresas que ganaron la asignación de potencia (440 megavatios para las Islas) están obligadas a cumplimentar la declaración de impacto medioambiental. De los 39 parques autorizados, menos de 10 han superado la criba.
Según fuentes oficiales, unas veces, por la maquinaria burocrática y, otras, por la “desidia empresarial” que no “termina de entender cómo funciona la Administración”.
Expertos energéticos consultados por Meridian consideran que a las empresas les falta “acompañamiento y asesoramiento” para adecuarse a las decisiones de órganos como la Cotmac (Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias).
A la vuelta de las vacaciones de agosto, el Gobierno de Fernando Clavijo deberá analizar las solicitudes medio ambientales de las empresas eólicas.
La Cotmac que ahora preside la palmera Lady Barreto tendrá que evaluar qué empresas cumplen los requisitos básicos. La Viceconsejería de Medio Ambiente será clave en los procedimientos.
El Ministerio de Industria de José Manuel Soria, amplió el calendario para permitir el “despliegue masivo” de la eólica en Canarias y lograr, de esta forma, la “esperada reducción significativa de los costes de generación” en el sistema de retribución extrapeninsular.
La excepción canaria aparece recogida en el real decretro 413/2014 de parámetros retributivos para las renovables, en el que se establece una convocatoria específica para la eólica en las Islas con el objetivo de acelerar las inversiones.
La nueva norma establece que los nuevos parques eólicos deberán entrar en servicio antes del 31 de diciembre de 2018. Su instalación permitirá reducir los sobrecostes de las actividades eléctricas extrapeninsulares, que rondan los 1.800 millones anuales. Las empresas del sector estiman que la instalación de los 440 MW en Canarias supondría una inversión de unos 630 millones de euros y la creación de aproximadamente 3.500 empleos en los años de construcción de los parques.
(Fotografía de portada de Candi, bajo licencia de Creative Commons).
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