Fiscalía reclama 21 años de cárcel y 105 millones de multa para Ramírez
Fiscalía pide una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa para el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a quien acusa de una presunta defraudación de 36,66 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social, a través de Seguridad Integral Canaria (SIC), informa Televisión Canaria a través de su web corporativa.
Los hechos ocurrieron entre los años 2012 y 2017.
El Ministerio Público reclama a su vez, 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa para Héctor de Armas, ex portavoz del Gobierno de Canarias durante los años 80.
De Armas fue sustituyó a Ramírez como administrador único de Seguridad Integral en 2011, pero el Ministerio Fiscal considera que fue una simulación, porque el presidente de Las Palmas “siguió tomando todas las decisiones” como propietario del 91 % de la compañía, según TVAC en un despacho de la agencia Efe.
La Fiscalía sostiene que Ramírez y De Armas recurrieron de forma sistemática a una serie de “ficciones” en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con excusa de superar la crisis económica de comienzos de la pasada década, pero que en realidad buscaban eludir pagos a Hacienda y la Seguridad Social y multiplicar sus beneficios, aunque ello fuera a costa de “perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores“.
El Ministerio Fiscal imputa a Ramírez 5 delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social, mientras que a De Armas le reprocha tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.
La Abogacía del Estado ya se había pronunciado en septiembre de 2020, reclamando una condena de 73 años de cárcel y una multa de 60 millones de euros por el mismo caso de SIC.
La Fiscalía examina en su calificación las operaciones que Seguridad Integral Canaria llevó a cabo a partir de 2011 para reducir su masa salarial (el grueso de los gastos en su negocio), que le permitieron adjudicarse numerosos concursos públicos de vigilancia en toda España, a los que acudía con unos costes muy inferiores a los de su competencia, que sí pagaba el convenio sectorial.
La primera de esas maniobras, detalla, fue “camuflar” las horas extras que hacían sus vigilantes y abonárselas como si fueran dietas, “por una razón obvia”, subraya la fiscal del caso: con las dietas no tenía que retener cantidades a sus empleados de cara al IRPF y se ahorraba cotizar por esos pagos a la Seguridad Social.
Por esa vía, añade, Ramírez eludió el pago de 6,60 millones de euros a Hacienda y de otros 11,45 millones a la Seguridad Social.
El resto de cantidades presuntamente defraudades por ambos procesados al erario público provienen de los acuerdos de empresa que Seguridad Integral aplicaba a su plantilla tras “descolgarse” del convenio nacional del sector de la seguridad privada.
Los dos acuerdos de empresa resultaron anulados por el Tribunal Supremo, en sentencias que establecían que Seguridad Integral Canaria debería haber pagado a sus trabajadores conforme al convenio del sector desde 1 de marzo de 2012.
El escrito propone además que se condene al actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas a indemnizar con 30,06 millones de euros a la Seguridad Social y con 6,60 millones Hacienda.
El último instructor (Número 8 de Las Palmas) que ha tenido esta causa, Arcadio Díaz Tejera, por la que han pasado una decena de jueces desde su apertura, ya ha ordenado la apertura de juicio oral contra los 2 procesados.
