ESPAÑA MOVILIZA 200.000 MILLONES CONTRA LA CRISIS

"Las empresas solventes necesitan liquidez y vamos a dársela. No vamos a dejar a nadie atrás", afirma el presidente del Gobierno en un paquete de medidas que blindará a las empresas del Ibex-35 y destinará 17.000 millones de euros a personas vulnerables. Las comunidades percibirán unos 3.000 millones

España moviliza hasta 200.000 millones de euros para hacer frente a la crisis del coronavirus, según anunció el presidente del Gobierno regional, Pedro Sánchez.

España reformará además la normativa sobre inversiones exteriores “para evitar que compañías extranjeras puedan hacerse con empresas españolas por la caída bursátil“, ya que muchas sociedades cotizadas como bancos y operadores de telecomunicaciones han bajado a precios mínimos y son susceptibles de ser adquiridas por grandes fondos.

Para que el impacto económico provocado por el coronavirus “venga seguido de una recuperación, debemos ser contundentes, con la mayor movilización de recursos de la historia de la democracia“, precisó Sánchez.

Estamos ante una movilización colosal de recursos públicos que implicará la movilización de hasta “200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestro PIB“. De esa cantidad, “117.000 millones serán íntegramente públicos“, mientras que los 83.000 millones restantes corresponderá a la “movilización de recursos privados“.

Ante el desplome bursátil, el Gobierno se plantea blindar a las cotizadas del selectivo español (Ibex-35) para evitar que empresas españolas de sectores estratégicos acaben en manos de compañías extranjeras.

El Gobierno reformará la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas.

Esta novedosa decisión forma parte del real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros con medidas económicas para afrontar la crisis del coronavirus.

Operadores escrudiñan tras los ordenadores el pulso del mercado (Fotografía Creative Commons).

Acciones inéditas

Las acciones de consignación de dinero público en el sistema son inéditas. “Carecen de precedente en la historia democrática de nuestro país”, declaró Sánchez, para quien que se trata de medidas extraordinarias en “días muy duros” que están por venir. “No vamos a dejar a nadie atrás”, insitió en varias ocasiones. “El Estado va a asumir este choque“.

Del volumen total de fondos públicos, unos 17.000 millones de euros van destinados a colectivos considerados muy vulnerables.

El presidente del Gobierno ha incidido en que “este frenazo en seco de la economía española es coyuntural y temporal. Después tendremos que afrontar la recuperación económica“.

Para que el tejido empresarial pueda afrontar con garantías ese momento de la recuperación económica, el Gobierno ha puesto en marcha el siguiente paquete de medidas.

Sánchez ha garantizado que inyectará “toda la liquidez que necesite” el tejido empresarial. “Las empresas solventes necesitan liquidez y vamos a dársela“.

El Ejecutivo ha aprobado una línea de avales por valor de 100.000 millones de euros para las empresas.

Con esta medida el Gobierno espera solventar los problemas coyunturales derivados de la caída de la actividad y evitar así que deriven en problemas de solvencia. Según detalló el presidente, los 100.000 millones permitirán movilizar un total de entre 150.000 y 200.000 millones si se suma la colaboración del sector privado.

Regulaciones de empleo temporal

El plan del Ejecutivo recoge una medida para los empleados afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) debido a la crisis sanitaria del coronavirus, que tendrán derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado.

Se reconoce el derecho a cobrar el paro a “las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello“.

Junto a esto, no computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo “a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos“.

El cobro de la prestación tendrá carácter retroactivo.

Hacienda con la ministra María Jesús Montero y el presidente Ángel Víctor Torres. (Foto Acfi Press).

Por otra parte, el Gobierno ha acordado aprobar una moratoria en el pago de las hipotecas para aquellas personas que se hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos por el coronavirus.

Todos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de suspensión de contrato o reducción de jornada se considerarán de fuerza mayor si son causados por las medidas adoptadas para combatir la epidemia de coronavirus y se resolverán en un plazo máximo de siete días.

Concretamente, tendrán consideración de fuerza mayor todos los ERTE que tengan “causa directa” en la pérdida de negocio por las medidas puestas en marcha por el Gobierno, por contagio de la plantilla o por medidas de aislamiento preventivo.

En estos casos, las empresas tendrán que remitir a la autoridad laboral un informe que explique las circunstancias que le han llevado a presentar el ERTE, que será resuelto por la autoridad laboral en un plazo máximo de siete días.

Sánchez anunció que también se reconoce a todos los trabajadores, que acrediten deberes de cuidado a raíz de las medidas tomadas o de las circunstancias generadas por el coronavirus, el derecho a acceder a la adaptación de su jornada o a la reducción de la misma.

Entre las circunstancias excepcionales que pueden justificar estos cambios están el cierre de centros educativos o residencias o la ausencia de quien se encargaba hasta ahora del cuidado de menores o dependientes.

La reducción de jornada, añaden, no requerirá preaviso alguno, más allá del que derive de la buena fe y no estará limitada en su disfrute por porcentaje mínimo ni máximo pudiendo llegar incluso al cien por cien de reducción.

No se establece, en principio, la figura de una prestación de la Seguridad Social que compense esta reducción.

Otras de las medidas que se barajan y que está por confirmar es la suspensión temporal del pago de cotizaciones a la Seguridad social para empresas, autónomos y trabajadores.

Avales

A su vez, el Gobierno está barajando establecer una línea de avales para ayudar a las empresas ante el impacto del coronavirus en sus negocios y, para el colectivo de autónomos, agilizar la concesión de la prestación por cese de actividad a los autónomos. Aunque ya se ha aprobado el aplazamiento de las cotizaciones podrían llegar a anularse durante el periodo que dure el Estado de alarma.

Las personas en aislamiento preventivo por razón de contagio del Covid-19 se considerarán en situación de incapacidad temporal asimilada a una baja laboral por accidente de trabajo, según aprobó ya el Consejo de Ministros.

También se aprobará un cambio normativo para ampliar los plazos en los procedimientos tributarios de los contribuyentes, según informó la Agencia Tributaria, que será flexible y no considerará los incumplimientos de trámites pendientes.

El Ejecutivo mantiene la intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020, tal y como indicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Inyección de recursos

Las medidas de este martes 17 de marzo, se sumarán a las del real decreto-ley aprobado el jueves 12, con las primeras del plan de choque contemplaba la inyección de 18.225 millones de euros, para paliar las consecuencias económicas del coronavirus, que incluye el aplazamiento y fraccionamiento de hasta 30.000 euros en deudas tributarias por un plazo de seis meses sin intereses, con tres meses de carencia, y una inyección de 14.000 millones de euros en liquidez a pymes y autónomos.

Para los empleados de la Administración General del Estado (AGE), los trabajadores en aislamiento continuarán percibiendo el 100% de sus retribuciones y se permitirán modalidades de trabajo no presencial y se flexibilizará el teletrabajo para los padres. A su vez, la norma agiliza el procedimiento para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que sean necesarios.

Hecansa con alumnos y alumnas en aprendizaje de cocina.

Créditos al turismo

Además, se dota una línea específica de crédito del ICO de 400 millones de euros destinada a empresas y autónomos del sector turístico y se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la pequeña y mediana empresa puedan aplazar su reembolso.

También se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística, con un coste estimado de 45 millones de euros.

Asimismo, se facilita que las aerolíneas no tengan que utilizar un mínimo de slots determinado para conservarlos, lo que será de “gran alivio” para las aerolíneas, aunque esta medida requerirá de autorización por las autoridades europeas.

Para combatir la enfermedad también transfieren 2.800 millones de euros a las CCAA para el Sistema de Salud Pública, como adelanto de los anticipos a cuenta previstos en el sistema de financiación autonómica. Se moviliza en torno a 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencia de los PGE destinados a intervenciones sanitarias prioritarias señaladas por el Ministerio de Sanidad.

En cuanto a las medidas de atención directa a las familias, se aprueba una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar los servicios sociales de las comunidades autónomas y se flexibilizará la obtención de becas-comedor para hacerla efectiva incluso en los colegios cerrados.