Eólico: mil millones menos para Canarias
Turbinas en movimiento, en un parque de A Coruña. (Fotografía de Paulo Brandao, bajo licencia de Creative Commons).
Por José Mujica
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El parón del negocio eólico en Canarias acaba de ser cuantificado, por vez primera, por los operadores privados. El coste para la economía canaria asciende a 150 millones de euros anuales que reportaría el ahorro en la factura energética. Como el concurso público se pospuso en 2008, los recortes superan ya los mil millones de euros, el 20% del presupuesto de la Comunidad autónoma.
Hace siete años, el Gobierno regional asignó 440 megavatios de potencia que implicaba una inversión privada de casi 700 millones de euros.
Desde entonces, las empresas se han topado con un muro de recursos, pleitos y alegaciones que ha invalidado su puesta en marcha. Ni un solo de los parques autorizados ha conseguido salir adelante.
La Asociación de Adjudicatarios lo ha intentado sin éxito y, en estos días, está a la espera del cambio de interlocutores tras las elecciones del próximo domingo.
Sin embargo, el devenir del concurso está salpicado de recovecos en el planeamiento y en la regulación administrativa del Gobierno, de las corporaciones locales y del Ministerio de Industria que dirige José Manuel Soria.
Según fuentes conocederas del macroprocedimiento, en su ejecución intervienen al menos cuatro esferas administrativas además del regulador del sistema, Red Eléctrica (coparticipada por el Estado), que obtuvo del Ministerio hace un año los permisos para construir las subestaciones eléctricas.
Mientras tanto, los operadores privados lamentan la “sensación de vacío” y la “impotencia” de comprobar cómo un recurso natural como el viento, es desechado para la mejora estructural de la economía isleña, tanto en sostenibilidad ambiental como en ahorro de la factura energética.
El expediente eólico se arrastra desde la legislatura de Román Rodríguez entre 1999-2003. El entonces consejero de Presidencia, Julio Bonis, no elevó el concurso al Consejo Consultivo y quedó en suspenso en diciembre 2006, dos meses antes de que se instruyera judicialmente un caso de presunta corrupción que salpicó a cargos del Gobierno de 2003-2007 presidido por Adán Martín.
En los dos mandatos posteriores de Paulino Rivero (2007-2015), las inversiones se han visto paralizadas por toda una maraña normativa que legitime las actuaciones de funcionarios y políticos.
Las previsiones del Gobierno regional pasan por obtener un 20% del consumo energético de los parques eólicos.
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