Dique Reina Sofía esperará hasta conocer cómo afecta a Tenerife
El presidente del Puerto, Juan José Cardona, descartó, tras concluir el consejo de administración, cualquier trato discriminatorio hacia Las Palmas
Dique Reina Sofía esperará hasta saber cómo afecta su ampliación al negocio del Puerto de Tenerife.
Puerto del Estado, presidido en funciones por José Llorca, impone un cálculo regional de los puertos de Tenerife y de Gran Canaria antes de lanzarse a nuevas obras de infraestructura.
Aumentar en unos 500 metros el Reina Sofía costará 46 millones de euros.
El criterio de Puertos del Estado para autorizar nuevas actuaciones en los puertos es inédito.
Según fuentes portuarias, coincide con un cambio en los requisitos administrativos para obra pública.
Sin embargo, la decisión de Madrid sobre el expediente de Las Palmas es coincidente con el informe de la consultora PWC contratado por un millón de euros por el Gobierno canario sobre la internacionalización de la economía canaria.
PWC propone unificar los puertos y aeropuertos canarios bajo un mismo mando de manera que la marca exterior de las Islas está bajo un paraguas único.
Madrid, ahora, establece como condición indispensable que los puertos crucen sus datos de expectativas de negocio para justificar el respaldo a nuevas inversiones.
De estandarizarse la regla de oro del Estado, la competencia entre los puertos canarios quedaría minimizada en la medida que para averiguar las estrategia de cada puerto deben destaparse los nombres de los clientes y su volumen de inversión y facturación.
El director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Salvador Capella, confía en desbloquear este viernes, 15 de junio, los reparos de Puertos del Estado a la prolongación del Reina Sofía en un viaje a Madrid.
Capella considera que la mayor parte de los servicios del área futura del Reina Sofía servirá para actividades de buques petroleros y plataformas, de manera que podrían coincidir los servicios de los 2 puertos capitalinos.
El presidente del Puerto, Juan José Cardona, descartó, tras concluir el consejo de administración, cualquier trato discriminatorio hacia Las Palmas.
