Costas fuerza una visión errática del Oliva Beach para frenar la reforma
La Demarcación en Canarias, dirigida por López Orive, insiste en considerar obra nueva 15 apartamentos que respetan el título concesional en volumen y edificabilidad
Costas fuerza una visión errática del hotel Oliva Beach de Fuerteventura para frenar las reformas de las instalaciones, cifradas por el grupo RIU en 40 millones de euros de inversión.
La parálisis de las obras de rehabilitación del complejo, situado en las grandes playas de Corralejo, arriesga el empleo de 400 personas y pone en solfa el objetivo político e institucional para modernizar la planta alojativa de Canarias.
Un informe presentado a mediados de 2019 por una de las filiales de RIU (Geafond) ante el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Demarcación de Costas en Canarias, califica de “interpretación errónea” las actuaciones del delegado ministerial, Rafael López Orive, a la hora de valorar las propuestas de reforma del hotel.
Según el documento al que ha accedido este periódico y que está en posesión del secretario de Estado en funciones de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras entrevistarse en julio de 2019 con el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, la Demarcación de Costas incurre en criterios erráticos cuando analiza la documentación gráfica del proyecto, “dando a entender que se construyen volúmenes nuevos“.
“Estas unidades turísticas, susceptibles de explotación, no suponen ningún aumento de volumen puesto que se reubican dentro de volúmenes ya existentes, y por lo tanto no hay incremento de la superficie edificada dentro de la zona concesional“, según el texto remitido al Ministerio.
Costas, en cambio, no permite 15 apartamentos dentro del área del hotel, porque se trata de una “construcción” de “nueva ubicación“, lo que implica “modificar zonas de uso público y gratuito por zonas de uso privativo”.
Los apartamentos del Oliva Beach corresponden a una de las 3 fases en la que se divide la rehabilitación del complejo.
Las obras debieron comenzar en noviembre de 2018 tras un año de tramitación administrativa, pero la prohibición de Costas ha impedido a RIU operar con normalidad, de ahí que el anuncio de la extinción de los contratos se haya convertido en uno de los episodios laborales más trágicos que se recuerdan en el Norte de Fuerteventura.
El lunes 29 de julio de 2019, el presidente del Cabildo majorero, Blas Acosta (PSOE), lanzó un llamamiento a las partes para que cierren un acuerdo y garanticen la continuidad de los puestos de trabajo.
Blas Acosta, a la izquierda, con representantes laborales del hotel Oliva Beach.
La reforma de los apartamentos (el hotel dispone de 800 habitaciones), con un presupuesto de 10 millones de euros, alcanza a 360 unidades, de las que desaparecen por demolición las situadas en las primeras y segundas plantas.
En su informe de septiembre de 2018, Costas autoriza las fases 1 (rehabilitación del hotel) y 3 (piscina de 500 metros para los apartamentos), pero se enroca con los supuestos de las órdenes y resoluciones ministeriales emitidas por el Estado en favor de RIU para el Oliva Beach.
Costas insiste en que los 15 apartamentos que aparecen en el proyecto del arquitecto Francisco Hernández Ayuso son “nuevos“, de ahí que carezca de “derechos preexisentes” para su acometida.
Costas incluso se aferra a un informe del Ayuntamiento de La Oliva que indica “reparos sobre modificación de volúmenes de edificación“, aunque precisa que el Consistorio se inclina porque sea “autorizable si se cumple“.
En sus alegaciones, la empresa subraya que los apartamentos demolidos en las primeras y segundas plantas “no se reconstruyen“, por lo que “hay una disminución de volumen sin restablecimiento“. “Por lo tanto se cumple el Real Decreto 876 de 2014, de 10 octubre (Reglamento General de Costas), que permite no computar como una nueva construcción“.
La compañía turística, que es una de las primeras del mundo, reitera que las obras forman parte de un proyecto de modernización y reforma, que abarcan acciones de rehabilitación interior, accesibilidad o adecuación a la normativa de incendios, con mejoras de zonas comunes como restaurantes temáticos, comedor, bar-salón y cocina, además de las demoliciones.
Ángel Víctor Torres. (Foto Presidencia del Gobierno).
RIU describe a lo largo de diferentes infografías y bocetos los detalles de las reformas, de ahí que considere que Costas “haga una interpretación errónea” de la documentación gráfica aportada, dando pie a “entender que se construyen volúmenes nuevos cuando no supone ningún aumento puesto que se reubican dentro de volúmenes ya existentes“.
RIU afirma de forma categórica: “No hay incremento de la superficie edificada”. “Son zonas ya existentes, que respetan su estructura“: 8 apartamentos se reubican en los actuales espacios de cocina, cuartos de basura y comedor; otros 3 en las zonas de lencería, almacén cocina y almacén oficio; 3 más en almacén de bares, cuadro de teléfonos y vestuarios y 1 restante en una habitación de servicios.
Para la empresa, la competencia final sobre los apartamentos no depende de Costas. “Que las unidades alojativas de la actividad se ubiquen en uno u otro sitio, dentro del complejo, no forma parte de la competencia de Costas sino en todo caso del organismo que tiene competencias sobre la actividad turística, que es el Cabildo de Fuerteventura y que ya ha emitido, como consta en el expediente, su informe favorable“.
Según la empresa, la posición de Costas “es genérica“, sin que aparezcan datos que “señalen claramente las zonas a las que se refiere, causando una gran indefensión a esta parte, sin que sepamos qué constestar“, porque “todo lo que se aceptó en la concesión se respeta en la solicitada ejecución de obras de reforma“.
“Una vez más se nos coloca en una situación de incertidumbre que debe evitarse en cualquier procedimiento administrativo porque todas las obras y actuaciones propuestas se desarrollan sin excepción dentro del objeto concesional otorgado a Geafond SA“.
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