COLAPSO EN LOS JUZGADOS POR EL COVID-19
El Consejo General ultima un plan de choque ante el aluvión de procedimientos por la crisis en los juzgados de lo Mercantil, Social y Contencioso, que pone en peligro la recuperación económica y el derecho a una tutela efectiva
Riesgo de colapso en los juzgados canarios como consecuencia del coronavirus Covid-19.
Comunidades autónomas como Canarias, que tiene transferidas las competencia, tras la circular del Consejo General del Poder Judicial, planean un plan urgente en los juzgados de lo mercantil, social y contencioso-administrativo, para contener el taponazo del parón judicial sufrido por el Estado de Alarma. “Poner en peligro la eficacia de la Administración Justicia frena la recuperación económica y socava un principio inexcusable en Democracia como es la tutela judicial efectiva“, según fuentes del Colegio de Abogados de Las Palmas.
El tsunami de procedimientos que se incoarán a raíz de la propia emergencia sanitaria y del impacto socioeconómico de las medidas adoptadas durante la pandemia, se concentrará en regulaciones de empleo por despido o suspensiones (Ertes, solo en Canarias son 26.000), concursales, impagos, desahucios, procedimientos de familia o alegaciones contra sanciones impuestas por el confinamiento, abocan a la Administración de Justicia a un bloqueo sin precedentes, según fuentes judiciales consultadas por este periódico.
Al colapso se une, además, el desfondamiento económico de los despachos de la abogacía, con mayoría de autónomos que no percibirán ingresos durante meses.
En una comunicación oficial, el Colegio de Abogados de Las Palmas acaba de aperturar, en el mes de abril de 2020, un cuenta solidaria en el Banco Santander para nutrir un fondo asistencial a los profesionales en precario por los efectos de la pandemia.
El Consejo General del Poder Judicial(CGPJ), de acuerdo con el Ministerio de Justicia, diseñó un plan de choque para los juzgados ante la inminente reordenación de los señalamientos, en principio, a mediados de mayo, tras el final de la cuarentena.
En más de 100 propuestas del CGP, prevé habilitar el mes estival de agosto incluyendo el pago las costas procesales para casos de escaso fundamento, con el fin de retraer a los demandantes.
La asunción de sobrecarga de trabajo ha sembrado inquietud en las asociaciones judiciales, en los colegios profesionales y en el conjunto de operadores jurídicos como procuradores, abogados o graduados sociales.
Julio Pérez, portavoz del Gobierno. (Foto Espiral21).
“La Justicia es imprescindible para la recuperación económica“, según fuentes de la Consejería de Justicia del Gobierno canairo que dirige Julio Pérez (PSOE).
La escasez de personal ha llevado a los juzgados a una sobrecarga de trabajo en materias como mercantil o social, que serán junto a las áreas de contencioso administrativo y las civiles (familias afectadas por el Erte o los despidos), las que sufran el impacto de la crisis.
Justicia asume que precisarán de jueces de apoyo temporal de recursos humanos o jueces de refuerzo, pero las posibilidades de dotar con presupuesto adicional el plan de choque es “muy baja“, según fuentes del PSOE. “Casi todas las partidas están comprometidas a Sanidad y al empleo en el sector servicios“.
La presión de la crisis y la necesidad social de dar respuesta a los conflictos jurídicos, arriesga, a criterio de profesionales del sector, un recorte de derechos y garantías en los procesos.
El Consejo General insiste en evitar “la mayor disfunción que plantea un ingreso masivo y en poco tiempo de un número elevado de asuntos, que es su desigual reparto, tramitación y respuesta“.
Entre las medidas figuran la aplicación de mecanismos de refuerzo en los órganos que resulten sobrecargados; el establecimiento de normas de reparto y especialización de los Juzgados en el orden civil excediendo el ámbito territorial del partido judicial, como ya ocurre en las jurisdicciones contencioso-administrativa y social, y la habilitación plena del mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales.
Juan Campo, ministro de Justicia.
El máximo órgano judiial, presidido por Carlos Lesmes, da por hecho el aluvión. “Será importante número de procesos concursales y otros en los que se diriman cuestiones que afecten a la vida de los contratos tras la situación de confinamiento o pretensiones propias del ámbito del derecho de familia, lo que hace necesario adoptar medidas que agilicen la tramitación de los procedimientos“.
Se sugiere medidas legislativas urgentes que permitan mayor flexibilidad en las actuaciones, como la posibilidad de otorgar los apoderamientos apud acta hasta el momento previo a la celebración del acto de audiencia previa en el juicio ordinario o de la vista en el juicio verbal o la exigencia a las partes de la aportación de un correo electrónico o un número de teléfono en sus escritos alegatorios para agilizar las citaciones y notificaciones ante eventualidades en defecto de procurador.
El Consejo General es consciente de que el principal impacto de la pandemia de Covid-19 sobre los juzgados de lo Mercantil, será la solicitud de procedimientos de insolvencia. “Su tramitación ágil y sin dilaciones facilitará la continuidad de muchas empresas y de la actividad de los profesionales afectados por la crisis, la obtención del máximo rendimiento económico de los activos, la salvación del tejido industrial y la conservación de los puestos de trabajo, en la medida de lo posible“.
En el ámbito contencioso, se propone un conjunto de medidas con el objetivo de agilizar la tramitación de los procedimientos, como mejorar y ampliar el ámbito de aplicación de las técnicas del “pleito testigo” y la “extensión de efectos de la sentencia” para evitar la tramitación innecesaria de pleitos con resultado final incontrovertible; o mejorar y flexibilizar el procedimiento abreviado y en particular excluir la vista allí donde no sea necesaria, así como permitir el dictado de sentencias de viva voz, explica el Consejo General.
El Consejo pide reformas en materia procesal como la ampliación de los plazos de caducidad en la mediación y/o conciliación preprocesal, que contribuirá a que esta mantenga un carácter efectivo; o la realización de los actos de conciliación y juicio en dos convocatorias diferentes, lo que permitirá agilizar la resolución de los procesos. Y se aboga por generalizar la comunicación telemática de los Juzgados con los servicios de mediación, Fogasa u órganos de la administración y por potenciar el dictado de sentencias “in voce”.
