Brecha salarial e igualdad logra un acuerdo en Canarias
Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales y empresariales con mayor representatividad del Archipiélago presentaron el primer acuerdo sobre igualdad y brecha salarial.
El documento, que ha sido consensuado en la Mesa de Igualdad y Brecha Salarial de los VII Acuerdos de Concertación Social, recoge 76 acciones concretas para impulsar la igualdad y combatir la brecha de género y establece la creación de una comisión de seguimiento y evaluación de estas políticas para velar por su cumplimiento. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó que éste es el primer acuerdo firmado en España por una comunidad autónoma en el marco del diálogo social. El jefe del Ejecutivo agradeció la “altura de miras de los representantes de la patronal y de los sindicatos con este mecanismo será transversal y marcará el camino para una sociedad más resistente después de la crisis, pero de una manera más justa e igualitaria, combatiendo la brecha salarial entre mujeres y hombres”.
El documento aprobado recoge 76 acciones concretas para impulsar la igualdad y combatir la brecha de género, que se organizan en dos ejes: uno sobre negociación colectiva y planes de igualdad y otro sobre políticas públicas. A su vez, estos dos ejes incorporan diez áreas temáticas relativas a negociación colectiva, coordinación interadministrativa con perspectiva de género, conciliación de la vida familiar y laboral, apoyo a las pymes, políticas activas de empleo con perspectiva de género, medidas en educación, cuidados y corresponsabilidad, sensibilización, leyes y otras políticas públicas y fomento del distintivo de igualdad.
El presidente, que de manera previa a la presentación del acuerdo participó en la reunión de la Mesa General de los VII Acuerdos de Concertación Social -con la participación de la CEOE Tenerife, CCE Las Palmas, UGT y CCOO-, enumeró algunas de las 76 medidas que incluye el documento, entre las que destaca la revisión y adaptación de la Ley Canaria de Igualdad a la actual normativa estatal; la promoción de cláusulas de igualdad en los convenios sectoriales y de menos de 50 personas trabajadoras; el impulso a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los convenios colectivos; o la colaboración en las campañas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para vigilar los casos de desigualdad o discriminación laboral.
En el marco educativo, el documento propone, entre otras cuestiones, mejorar las competencias del profesorado en materia coeducativa e implementar progresivamente la educación universal y gratuita de 0 a 3 años; intensificar la educación inclusiva en las actividades deportivas; o sensibilizar a las personas menores de edad de la importancia de la conciliación de la vida personal y laboral a la hora del cuidado de hijos, hijas y otras personas dependientes.
