BIC Oasis Maspalomas recurrido al Supremo por Ayuntamiento SBT, patronal y RIU

La sentencia del TSJC a favor del Cabildo se paraliza de nuevo. De lo contrario, Podemos y NC podrían activar un mecanismo de expropiación en los límites del parque naturales de Las Dunas

BIC Oasis Maspalomas acaba de ser recurrido ante la Justicia por el Ayuntamiento de San Bartolomé Tirajana (SBT), la patronal turística y la cadena hotelera RIU.

BIC Oasis Maspalomas fue anulado en 2014 por el Gobierno de Paulino Rivero, pero una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de julio de este año, dio por válida la declaración del expediente aprobado por el Cabildo de GC durante el mandato de José Miguel Bravo de Laguna.

BIC Oasis Maspalomas no fue alegado por el Gobierno de Fernando Clavijo por entender que aceptaba el fallo como acto de conciliación con los operadores privados ante la entrada en vigor de la nueva del Ley del Suelo, que da más garantías que la Ley de Espacios Naturales a la delimitación del parque de las Dunas, cuyo vértice más occidental generó controversias en el ámbito judicial.

La sentencia del TSJC, emitida por el magistrado Javier Varona, depositó en manos del Ayuntamiento de SBT la elaboración de un plan especial para reconfigurar el espacio del palmeral afectado por el paso de Cristóbal Colón en su cuarto viaje a América, a comienzos del siglo XVI.

Existen otras zonas de Gran Canaria por las que pasó el navegante italiano, como la bahía de Gando, pero el Cabildo GC de momento no ha instruido la habilitación de un expediente de Bien de Interés Cultural.

José María Mañaricúa dialoga con el presidente del Cabildo GC, Antonio Morales.

BIC Oasis Maspalomas entra, a partir de ahora, en una nueva fase judicial ante el Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse sobre uno de los nudos gordianos del procedimiento: ¿quién disfruta de más rango institucional? ¿El Consejo de Gobierno de Canarias o el grupo de expertos que conforma el consejo regional de patrimonio histórico, cuyas deliberaciones no son vinculantes para el Ejecutivo?

El Ayuntamiento, la cadena hotelera RIU y la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas que preside el empresario José María Mañaricúa, acordaron recurrir por separado. El plazo para dirigirse al Supremo contra la sentencia de la sala de lo contencioso del TSJC expiraba el pasado viernes.

El proceso se dilatará al menos entre uno y dos años, con lo cual todas las administraciones se verán forzadas a establecer una tregua ante la coincidencia con las elecciones locales.

Maspalomas con el faro en un atardecer del verano de 2017. (Foto Espiral21).

El TSJC estima que le corresponde al Ayuntamiento de SBT elabora un plan especial, que duraría al menos 18 meses y debería incoporar un informe preceptivo del Cabildo GC, tanto de los técnicos de patrimonio como de medio ambiente.

Ambos departamentos están nucleados por cuadros del partido Podemos.

El principal dirigente de Podemos, Miguel Montero, logró que Antonio Morales, presidente del Cabildo, respaldara en el último pleno una moción que abre la puerta a posibles expropiaciones en las zonas verdes de 2 hoteles (Sea Side y RIU) que delimitan con el parque de Las Dunas.

Una acción como la que baraja Podemos con el respaldo de Nueva Canarias, arriesgaría el nuevo proyecto de rehabilitación del hotel RIU Oasis, cuya licencia de obra se acaba de presentar ante el Ayuntamiento de SBT, según informan este sábado los periódicos Canarias7.es y Laprovincia.es.

El caso Oasis de Maspalomas arranca en 2012 cuando Bravo de Laguna impulsa un BIC lindando con intereses cruzados de varios operadores económicos que llevó a la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas a personarse en el procedimiento.

La franja a proteger abarca 760.000 metros cuadrados.

Un mes antes del decreto, la ponencia técnica de Patrimonio Histórico del Gobierno desestimó el BIC, según la decisión unánime de los 5 miembros (de 9) que asistieron a la reunión el 18 de julio de 2014.

Seis días después, el Consejo de Patrimonio Histórico del Gobierno aprobó el BIC por 8 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.

El 6 de agosto el Gobierno de Paulino Rivero tumba definitivamente el BIC. Bravo de Laguna acaba más tarde interponiendo un contencioso administrativo que es ahora objeto de sentencia. El Ejecutivo autonómico también preveía recurrir el fallo solicitando la cautelar para dejar sin efecto la protección de Bien Cultural, pero el testigo ha correspondido al Ayuntamiento, a RIU y a la Feht.